Jaume Ferrán
Ingeniero Técnico Agrícola
Ante la inminencia de la reforma parcial de la PAC, prevista ya cuando se aprobó la Agenda 2000, se ha suscitado el inevitable debate sobre sus términos. Como se recordará, esta reforma se planeó como un paso intermedio durante el periodo de vigencia de la Agenda 2000 que se extiende hasta 2006.
Por el bien del sector agrario, todos coinciden en que hay que alcanzar un pacto nacional sobre las ayudas agrícolas, pero los intereses contrapuestos entre grandes y pequeños agricultores están creando dificultades importantes que complican su materialización. Y no sólo las ayudas están en cuestión, sino la distribución de los derechos de producción que se asignen a nuestro país.
Los pequeños agricultores, representados por UPA y COAG, están decididamente a favor de la modulación de las ayudas (con ellas, a las grandes explotaciones podrían aplicárseles hasta un 20% de reducción de las mismas). Los fondos provenientes de la modulación se pide que se destinen a apoyar el desarrollo y mantenimiento de la actividad y el medio rural. Asimismo, se solicita que las pequeñas y medianas explotaciones tengan prioridad a la hora de recibir las ayudas de la UE, las cuales durante el pasado año se elevaron a 6.200 millones de euros, aportados por el Feoga-Garantía. Las organizaciones agrarias citadas apoyan su punto de vista sobre la base del actual reparto de las ayudas que consideran injusto a todas luces. Según las estadísticas disponibles, 31.000 agricultores, que representan sólo el 3,5% del total de preceptores (887.000) reciben el 40% de las ayudas. Igualmente, ponen de relieve que 115 grandes propietarios perciben 140 millones de pesetas al año cada uno en concepto de ayudas directas a la producción, lo que iría en contra del espíritu que inspiró la creación de la PAC.
Por su parte, ASAJA se muestra contraria a la modulación. Su presidente, Pedro Barato, opina que las ayudas deben llegar a todos los profesionales del sector, independientemente que sean personas físicas o jurídicas. Barato cree que “no debe perderse el norte de las producciones y la necesaria competitividad de las explotaciones y que hay de dejar de pensar en el campo como un jardín”. ASAJA se muestra partidaria de que se apoye a las pequeñas explotaciones deficitarias, y de forma especial a las situadas en zonas marginales, con ayudas complementarias, pero sin que ello signifique una reducción de las ayudas a las explotaciones grandes y medianas.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete tampoco se muestra partidario de iniciar de inmediato la modulación de las ayudas y considera que “hablar ahora de modulación es un ejercicio estéril, que puede dar dividendos políticos pero que no conduce a nada, ya que no es sensato modificar la normativa nacional cuando a partir de junio va a cambiar la legislación comunitaria”. La modulación es posible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2000 pero no obligatoria, por lo que cada estado miembro de la UE puede decidir sobre aplicarla o no en su territorio. El gobierno español decidió en su día no aplicarla y las palabras de Arias Cañete confirman la vigencia de esta decisión. En opinión del ministro, “las ayudas y subvenciones son instrumentos de la PAC para mantener las producciones agrarias y cumplir unos determinados objetivos, y se conceden como una contrapartida al cumplimiento de unos requisitos. En tal sentido, son destinatarios de las ayudas todos quienes cumplan esos requisitos. “Otra razón que esgrime Arias Cañete para no aplicar la modulación de las ayudas son los problemas económicos que acarrearía la cofinanciación exigida por la UE a los países que la adopten.
En cualquier caso, parece que la modulación es algo ya decidido en la próxima reforma, ya que la situación actual se considera insostenible: el presupuesto de la PAC no puede seguir representado el 34% del presupuesto total de la UE y la distribución de las ayudas no puede seguir manteniéndose en los porcentajes actuales: 85% a la política de mercados (primer pilar. Feoga-Gantía) y 15% para el segundo pilar (desarrollo rural).
Un factor que se tiene muy en cuenta por parte de los responsables de la PAC es la posible pérdida del apoyo social de que ha venido disfrutando la PAC, como una política destinada a mantener el equilibrio territorial, a garantizar la seguridad y calidad alimenticia y la conservación del medio ambiente. El peligro se derivaría de que la sociedad reaccionara desfavorablemente ante el hecho de que una parte muy considerable de las ayudas, subvencionadas con sus impuestos, sirvieran para incrementar los ya cuantiosos ingresos de determinados empresarios o sociedades mercantiles. Para ilustrar esa posibilidad no hay más que fijarse en el reciente escándalo que se ha producido en los Estados Unidos ante los datos revelados por el Enviromental Working Group, según los cuales, entre los máximos preceptores de ayudas a la agricultura se encontraban una de las máximas estrellas de la NBA, el magnate de la comunicación Ted Turner o altos directivos del Chase Manhattan Bank y de Enron.