INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: LOS CONTROLES Y EL FRAUDE
Fernán Ovide
Es indudable que las administraciones de todos los niveles, comunitario, nacional, autonómico y local, están tomando cada vez medidas más rigurosas para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos. También es cierto que los políticos suelen ir a remolque de los acontecimientos y generalmente actúan cuando se han producido determinadas crisis que han causado un fuerte impacto en la sociedad. Así han tenido que suceder en un período de tiempo relativamente corto las crisis de las fiebres porcina y aftosa, de las dioxinas y, sobre todo, de las vacas locas, amen de los numerosos casos de infecciones de origen alimentario a causa de la salmonelosis y otros agentes patógenos, para que las autoridades cayeran en cuenta de que algo olía a podrido en la cadena alimentaria.
Todo lo ocurrido ha alcanzado unos niveles de gravedad más que preocupantes, ante los que los responsables políticos no han tenido más remedio que reaccionar poniendo en marcha toda una batería de medidas para proteger al consumidor.
Por parte de la Unión Europea se exigirá un mayor rigor en el etiquetado de los productos agroalimentarios a partir del presente año. Las etiquetas deberán incluir una información clara y precisa sobre los productores, transformadores y comercializadores que han intervenido en el producto, con el fin de asegurar la trazabilidad de cualquier alimento sospechoso de fraude o con problemas para el consumidor. Asimismo, se deberán relacionar todos los ingredientes que incluye cualquier preparado, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad: la legislación vigente no obliga a especificar determinados ingredientes, como los aceites, si su porcentaje sobre el total es inferior al 25 por ciento. Igualmente, todos los aditivos autorizados, colorantes, conservantes, espesantes, etc., deberán figurar con su nombre completo en vez de mencionarlos simplemente bajo el código E, como ocurre actualmente.
Esta precisión en el etiquetado persigue así mismo evitar problemas de salud ocasionados por alimentos perfectamente seguros para la mayor parte de la población pero que pueden causar problemas a determinadas personas. Tal es el caso de los azucares, no permitidos a diabéticos; el aceite de cacahuete y otros alimentos causantes de alergias o el gluten, no tolerado por los celiacos. Un caso aparte son los productos modificados genéticamente; en principio, si han sido autorizados, significa que no tienen efectos nocivos para la salud, pero su presencia deberá figurar claramente en la etiqueta, de modo que el comprador acepte consumirlos o no.
Mientras tanto, en España, la puesta en funcionamiento de la Agencia de Seguridad Alimentaria, prevista para el pasado mes de Enero, está sufriendo un retraso inadmisible, máxime cuando su causa son las disputas sobre competencias entre los ministerios de Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que aún no hay previsiones de cuando llegarán a solventarse definitivamente. La Agencia, cuyo cometido será la vigilancia de la seguridad y calidad de los alimentos comercializados en España, asumirá competencias actualmente repartidas entre Sanidad y Agricultura, aunque estará encuadrada dentro del Ministerio de Sanidad. De ahí, las reticencias y disputas, que se anteponen al interés general. La situación ya ha suscitado las críticas por parte de la Unión de Consumidores de España (UCE) y otras instituciones.
Por su parte, el MAPA, en tanto se solucionan las disputas sobre la Agencia de Seguridad Alimentaria, ha elaborado un programa, conjuntamente con las comunidades autónomas, mediante el cual se extremará la vigilancia para asegurar que se cumplan todas las exigencias sanitarias en el campo de la alimentación. En el citado programa se prevén un total de 10.000 inspecciones anuales repartidas por sectores de la actividad agroalimentaria: vinos y bebidas, leche y derivados, productos de origen vegetal, productos cárnicos, miel, etc. Se trata de conocer si se están cumpliendo las exigencias sanitarias en vigor, y aunque no se han dado a conocer los resultados de las inspecciones del pasado año, se sabe que hay varios expedientes en curso.
El nuevo programa de control incluye una amplia y detallada relación de los aspectos que se controlarán en cada sector. Entre otros muchos, el aguado y la “chaptalización” en los vinos; nivel de proteínas en la leche y las mezclas de diferentes clases de ésta en los quesos; presencia de otros aceites en el de oliva; posible adición de jarabes isomerizados de fructosa en la miel; niveles de humedad y proteína en jamones cocidos; tiempo de maduración de jamones curados, etc. No cabe duda de que hay que celebrar la puesta en práctica de toda esta batería de controles, pero el que se haya suscitado la necesidad de hacerlo nos hace sospechar que los consumidores hemos venido soportando hasta ahora un número de prácticas fraudulentas, más o menos peligrosas para la salud, realmente preocupante.